LA INICIATIVA BUGANZA
Por Helí Herrera Hernández
Por Helí Herrera Hernández
plazacaracol@hotmail.com
En una acción francamente electorera, parecida aquella de la diputada con licencia Carolina Gudiño, cuando presento al pleno del Congreso Local un punto de acuerdo para bajar hasta un 30% los salarios de los diputados locales, el legislador federal Gerardo Buganza Salmerón presento, el 26 de febrero, la iniciativa para abrogar la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del 30 de marzo de 2009,
La actual ley tiene un artículo transitorio que señala el 31 de diciembre de 2011, como el último día de vigencia del Impuesto a la Tenencia de Vehículos, que como todos sabemos fue creado por el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, para financiar toda la infraestructura deportiva y habitacional que la olimpiada mundial celebrada en 1968 en la ciudad de México requirió, acotando, desde luego, que era única y exclusivamente para ese año, y no para el resto de nuestras vidas, como posteriormente lo hicieron valedero tanto los presidentes de la república subsecuentes y el Congreso de la Unión, en manos, en aquellas fechas del PRI.
Los reclamos para anular dicho impuesto han sido desde siempre porque lo consideramos anticonstitucional. Se ha llegado a comparar con aquel que invento Antonio López de Santa Ana que llego a cobrar por cada ventana que tenían las casas; pero por cada exigencia para derogarlo la respuesta del gobierno y congreso ha sido la misma: NO, bajo mil argumentos económicos, principalmente relacionados con el serio peligro que correría La República al dejar de capturar esos recursos, dado que lesionarían >a decir de los funcionarios federales<, “el desarrollo nacional y la generación de bienestar social (sic).
Técnica y financieramente la abrogación de la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia de Uso de Vehículos a partir del último día de marzo del año que corre es factible. Socialmente significaría un respiro para la terrible situación que vivimos en estos tiempos los mexicanos, agobiados por una crisis que un servidor, con sus humildes conocimientos en la economía, calificaría de “”inflación galopante”” (aunque la Secretaría de Hacienda no lo quiera reconocer), dado que el ahorro de esos miles de pesos paliaría la ya de suya grave economía familiar que ya no ve lo duro sino lo tupido, con las alzas a los comestibles, a los energéticos, a la ropa, al pasaje y a los servicios como el agua y la luz, que se han desbordado en estos últimos meses por la insensibilidad de sus directores.
Es factible siempre y cuando la iniciativa Buganza vaya acompañada, para evitar lo que ya están argumentando los gobernadores de los Estados, de un recorte a los salarios de los altos funcionarios que con un 15% del que tienen, ahorraría al País poco más de 200 mil millones de pesos, mismos que se redistribuirían a las entidades federativas, en la misma proporción en que recibían los recursos provenientes del pago de tenencia vehicular.
Esta medida les cerraría la boca a los ejecutivos locales que son los que más protestan, principalmente porque ya tienen presupuestados esos ingresos en gasto social y en infraestructura pública, y uno que otro en la bursatilización.
Pero para ello se necesita que los funcionarios de los tres poderes de la Unión se fajen el cinturón, como lo están haciendo los pueblerinos que aun lo tienen, y los que no; porque mientras la nación vive una ola de despidos en todas las ramas y sectores económicos, aparte de la pulverización del salario para los que hasta el momento tienen empleo, los diputados y senadores; los magistrados del Poder Judicial, los consejeros del IFE, los funcionarios del Poder Ejecutivo y toda esa nomenclatura gubernamental se los han subido, mostrando su desvergüenza, su antipatriotismo, su antisolidaridad y ausencia de principios éticos y morales, puesto que están viendo como se quema la casa y ni un balde de agua le echan.
La iniciativa Buganza es electorera decía al principio, porque la presenta precisamente con ese animo, buscando que su partido el PAN gane votos ahora que va en picada, porque saben de antemano que la sociedad aplaudiría la derogación de ese inconstitucional e injusto impuesto y sufragarían por el partido que más impulse esa posibilidad.
Por eso ven ustedes que al PRI y sus militantes no les quedo de otra más que apoyar la iniciativa. Por eso los gobernadores surgidos del partido tricolor de inmediato la hicieron suya porque el costo político de no hacerlo modificaría el mapa político-electoral de aquí al 5 de julio.
El asunto ahora es que la iniciativa pase, y casi casi tiene que ser fast track. Por lo pronto el proyecto debe ser turnado a La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del Congreso de la Unión para que lo dictamine con carácter de urgente y lo reenvié al pleno, para que lo discuta y vote. En caso de aprobarse, la minuta respectiva sería enviada al Senado para su revisión, teniendo los senadores hasta el 26 de marzo para votar el tema, y en caso afirmativo, enviarlo al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Estas fechas anotadas son fatídicas, por virtud de que el último día para pagar ese impuesto vence el 30 de marzo de este año, desde luego.
Yo sinceramente dudo que vaya a pasar la iniciativa Buganza. Más por la oposición de los altos funcionarios nacionales a bajarse sus ostentosos y pudientes salarios de más de 300 mil pesos mensuales (mientras el pueblo se esta muriendo de hambre), que por venir de un partido que un día dice una cosa, pero al otro hace todo lo contrario.
Espero equivocarme por el bien de todos nosotros.
En una acción francamente electorera, parecida aquella de la diputada con licencia Carolina Gudiño, cuando presento al pleno del Congreso Local un punto de acuerdo para bajar hasta un 30% los salarios de los diputados locales, el legislador federal Gerardo Buganza Salmerón presento, el 26 de febrero, la iniciativa para abrogar la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del 30 de marzo de 2009,
La actual ley tiene un artículo transitorio que señala el 31 de diciembre de 2011, como el último día de vigencia del Impuesto a la Tenencia de Vehículos, que como todos sabemos fue creado por el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, para financiar toda la infraestructura deportiva y habitacional que la olimpiada mundial celebrada en 1968 en la ciudad de México requirió, acotando, desde luego, que era única y exclusivamente para ese año, y no para el resto de nuestras vidas, como posteriormente lo hicieron valedero tanto los presidentes de la república subsecuentes y el Congreso de la Unión, en manos, en aquellas fechas del PRI.
Los reclamos para anular dicho impuesto han sido desde siempre porque lo consideramos anticonstitucional. Se ha llegado a comparar con aquel que invento Antonio López de Santa Ana que llego a cobrar por cada ventana que tenían las casas; pero por cada exigencia para derogarlo la respuesta del gobierno y congreso ha sido la misma: NO, bajo mil argumentos económicos, principalmente relacionados con el serio peligro que correría La República al dejar de capturar esos recursos, dado que lesionarían >a decir de los funcionarios federales<, “el desarrollo nacional y la generación de bienestar social (sic).
Técnica y financieramente la abrogación de la Ley del Impuesto Sobre la Tenencia de Uso de Vehículos a partir del último día de marzo del año que corre es factible. Socialmente significaría un respiro para la terrible situación que vivimos en estos tiempos los mexicanos, agobiados por una crisis que un servidor, con sus humildes conocimientos en la economía, calificaría de “”inflación galopante”” (aunque la Secretaría de Hacienda no lo quiera reconocer), dado que el ahorro de esos miles de pesos paliaría la ya de suya grave economía familiar que ya no ve lo duro sino lo tupido, con las alzas a los comestibles, a los energéticos, a la ropa, al pasaje y a los servicios como el agua y la luz, que se han desbordado en estos últimos meses por la insensibilidad de sus directores.
Es factible siempre y cuando la iniciativa Buganza vaya acompañada, para evitar lo que ya están argumentando los gobernadores de los Estados, de un recorte a los salarios de los altos funcionarios que con un 15% del que tienen, ahorraría al País poco más de 200 mil millones de pesos, mismos que se redistribuirían a las entidades federativas, en la misma proporción en que recibían los recursos provenientes del pago de tenencia vehicular.
Esta medida les cerraría la boca a los ejecutivos locales que son los que más protestan, principalmente porque ya tienen presupuestados esos ingresos en gasto social y en infraestructura pública, y uno que otro en la bursatilización.
Pero para ello se necesita que los funcionarios de los tres poderes de la Unión se fajen el cinturón, como lo están haciendo los pueblerinos que aun lo tienen, y los que no; porque mientras la nación vive una ola de despidos en todas las ramas y sectores económicos, aparte de la pulverización del salario para los que hasta el momento tienen empleo, los diputados y senadores; los magistrados del Poder Judicial, los consejeros del IFE, los funcionarios del Poder Ejecutivo y toda esa nomenclatura gubernamental se los han subido, mostrando su desvergüenza, su antipatriotismo, su antisolidaridad y ausencia de principios éticos y morales, puesto que están viendo como se quema la casa y ni un balde de agua le echan.
La iniciativa Buganza es electorera decía al principio, porque la presenta precisamente con ese animo, buscando que su partido el PAN gane votos ahora que va en picada, porque saben de antemano que la sociedad aplaudiría la derogación de ese inconstitucional e injusto impuesto y sufragarían por el partido que más impulse esa posibilidad.
Por eso ven ustedes que al PRI y sus militantes no les quedo de otra más que apoyar la iniciativa. Por eso los gobernadores surgidos del partido tricolor de inmediato la hicieron suya porque el costo político de no hacerlo modificaría el mapa político-electoral de aquí al 5 de julio.
El asunto ahora es que la iniciativa pase, y casi casi tiene que ser fast track. Por lo pronto el proyecto debe ser turnado a La Comisión de Hacienda de la Cámara Baja del Congreso de la Unión para que lo dictamine con carácter de urgente y lo reenvié al pleno, para que lo discuta y vote. En caso de aprobarse, la minuta respectiva sería enviada al Senado para su revisión, teniendo los senadores hasta el 26 de marzo para votar el tema, y en caso afirmativo, enviarlo al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Estas fechas anotadas son fatídicas, por virtud de que el último día para pagar ese impuesto vence el 30 de marzo de este año, desde luego.
Yo sinceramente dudo que vaya a pasar la iniciativa Buganza. Más por la oposición de los altos funcionarios nacionales a bajarse sus ostentosos y pudientes salarios de más de 300 mil pesos mensuales (mientras el pueblo se esta muriendo de hambre), que por venir de un partido que un día dice una cosa, pero al otro hace todo lo contrario.
Espero equivocarme por el bien de todos nosotros.
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