Estrategia Electoral
PENA DE MUERTE.
Por Helí Herrera Hernández
plazacaracol@hotmail.com
Cuando los gobiernos han mostrado su incompetencia para rehabilitar a los delincuentes, en los centros de detención que hay en toda la República, recurren a salidas histriónicas para congraciarse con una sociedad escéptica, temerosa, enojada y harta de los altos índices de criminalidad e inseguridad que pernean en el país.
Las autoridades en los tres niveles de gobierno >la mayoría de éstas más por el puesto que desempeñan que por posición personal< públicamente manifiestan su desacuerdo a imponer tal medida en la ley de leyes, bajo distintos argumentos éticos y humanos, pero nada hacen para sanear las escuelas donde reciben la maestría y el doctorado los delincuentes que allí llegan, porque los centros de readaptación social o reclusorios solo tienen el nombre, aunque a nadie readaptan y a nadie rehabilitan.
Esto lo saben perfectamente los gobiernos federal y estatales pero se hacen los occisos. Todos conocen a la perfección lo que sucede adentro de los CERESOS y lo que es peor, lo admiten y justifican. Saben que los detenidos desde adentro controlan el trasiego de drogas, su distribución y venta. Saben también que desde esos lugares miles de delincuentes se dedican a extorsionar a la sociedad que esta afuera, y a organizar los secuestros, y conocen también que sus cárceles solo han servido para que los delincuentes perfeccionen sus tácticas y métodos para que al salir, busquen el crimen, robo o secuestro perfecto.
Los dizque centros de readaptación se han convertido para los gobiernos en una fuente de ingresos que son utilizados para las campañas electorales del partido que en el Estado y/o en la federación se encuentren en el poder, dado que cobran cuotas por las visitas conyugales; por dejar entrar licor, marihuana, cocaína y anfetaminas. Cobran también por dejar que algunos delincuentes se dediquen hacer negocios dentro de los penales y porque los más ricos gocen de lujos en sus celdas.
Hay testimonios extraoficiales (dado que todos tienen miedo a enfrentar a esos gobernantes), que las cuotas de todos los CERESOS en un estado >vía directores<, llegan a sobrepasar los 600 mil pesos mensuales en algunas entidades, que van a parar a la caja chica del ejecutivo en turno.
Paradójicamente, los que tienen el encargo de la sociedad de rehabilitar a los delincuentes son personas corruptas, y con ellos se inicia una cadena de funcionarios irresponsables que se colocan en el mismo nivel que los detenidos, y que son, junto con todo el engranaje oficial, los que ponen el grito en el cielo cada vez que sale a relucir, de manera objetiva y no electoral como hoy sucede, el tema de la pena de muerte.
Y si a esto le suma usted la participación de malos jueces y magistrados que se han vendido al mejor postor, observará que se ha formado un cóctel propicio para que la delincuencia no tema caer en las cárceles, sino que inclusive, lo vea como una vía para mejorar sus conocimientos y contactos sobre “”su profesión””.
Por eso la mayoría de la sociedad mexicana ve con buenos ojos la implantación de la pena de muerte en nuestra Constitución. Así lo demuestran las ultimas encuestas que diversos medios escritos, escuchados y vistos han publicado, a raíz que el gobernador y el Congreso de Coahuila propusieron al Congreso de la Unión, la reforma a los artículos 14 y 22 de la Carta Magna, para que de nueva cuenta se implante en México la pena de muerte.
El 75% de los mexicanos acepta que, todos aquellos secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas sean sentenciados a morir; y ese 75% de compatriotas, para cualquier partido político que quiera ganar las elecciones federales de 2009 es un platillo exquisito que hay que degustar demagógicamente. Es decir, prometiendo en la etapa electoral que se va a legislar en esa materia, pero que, una vez ganadas las elecciones, se olvidarán de llevarlo a discusión y aprobación en la Cámara de Diputados.
De allí el oportunismo del gobernador Humberto Moreira de imponerle a la mayoría priísta que tiene en el Congreso Local de Coahuila, la misión de convertirse en promotor de una iniciativa de ley que enviarán el próximo 15 al Congreso de la Unión, para que se abra un debate nacional sobre la viabilidad de tasar de nueva cuenta la pena de muerte en nuestra Constitución, y por eso también las inmediatas reacciones a favor de toda la nomenclatura priísta que ve en esta acción, el medio para conquistar más del 40% de los votos en las elecciones de julio del año próximo, y ganar la mayoría absoluta de la cámara baja.
¡Vaya, hasta el diputado Adolfo Mota se atrevió hablar a favor de la discusión nacional!, aunque mañosamente y por eso de sus aspiraciones a la candidatura de su partido a la gubernatura, nada dijo si esta a favor o en contra de ella. No sea que en el 2010 le resulte contraproducente haberse pronunciado en contra, como seguramente lo harán los priístas, al lado de panistas si esa iniciativa llega a votarse en el Congreso.
¿Usted cree estimado lector, que si no hubiera elecciones, estos políticos oportunistas estarían discutiendo la conveniencia de implantar la pena de muerte en México?
PENA DE MUERTE.
Por Helí Herrera Hernández
plazacaracol@hotmail.com
Cuando los gobiernos han mostrado su incompetencia para rehabilitar a los delincuentes, en los centros de detención que hay en toda la República, recurren a salidas histriónicas para congraciarse con una sociedad escéptica, temerosa, enojada y harta de los altos índices de criminalidad e inseguridad que pernean en el país.
Las autoridades en los tres niveles de gobierno >la mayoría de éstas más por el puesto que desempeñan que por posición personal< públicamente manifiestan su desacuerdo a imponer tal medida en la ley de leyes, bajo distintos argumentos éticos y humanos, pero nada hacen para sanear las escuelas donde reciben la maestría y el doctorado los delincuentes que allí llegan, porque los centros de readaptación social o reclusorios solo tienen el nombre, aunque a nadie readaptan y a nadie rehabilitan.
Esto lo saben perfectamente los gobiernos federal y estatales pero se hacen los occisos. Todos conocen a la perfección lo que sucede adentro de los CERESOS y lo que es peor, lo admiten y justifican. Saben que los detenidos desde adentro controlan el trasiego de drogas, su distribución y venta. Saben también que desde esos lugares miles de delincuentes se dedican a extorsionar a la sociedad que esta afuera, y a organizar los secuestros, y conocen también que sus cárceles solo han servido para que los delincuentes perfeccionen sus tácticas y métodos para que al salir, busquen el crimen, robo o secuestro perfecto.
Los dizque centros de readaptación se han convertido para los gobiernos en una fuente de ingresos que son utilizados para las campañas electorales del partido que en el Estado y/o en la federación se encuentren en el poder, dado que cobran cuotas por las visitas conyugales; por dejar entrar licor, marihuana, cocaína y anfetaminas. Cobran también por dejar que algunos delincuentes se dediquen hacer negocios dentro de los penales y porque los más ricos gocen de lujos en sus celdas.
Hay testimonios extraoficiales (dado que todos tienen miedo a enfrentar a esos gobernantes), que las cuotas de todos los CERESOS en un estado >vía directores<, llegan a sobrepasar los 600 mil pesos mensuales en algunas entidades, que van a parar a la caja chica del ejecutivo en turno.
Paradójicamente, los que tienen el encargo de la sociedad de rehabilitar a los delincuentes son personas corruptas, y con ellos se inicia una cadena de funcionarios irresponsables que se colocan en el mismo nivel que los detenidos, y que son, junto con todo el engranaje oficial, los que ponen el grito en el cielo cada vez que sale a relucir, de manera objetiva y no electoral como hoy sucede, el tema de la pena de muerte.
Y si a esto le suma usted la participación de malos jueces y magistrados que se han vendido al mejor postor, observará que se ha formado un cóctel propicio para que la delincuencia no tema caer en las cárceles, sino que inclusive, lo vea como una vía para mejorar sus conocimientos y contactos sobre “”su profesión””.
Por eso la mayoría de la sociedad mexicana ve con buenos ojos la implantación de la pena de muerte en nuestra Constitución. Así lo demuestran las ultimas encuestas que diversos medios escritos, escuchados y vistos han publicado, a raíz que el gobernador y el Congreso de Coahuila propusieron al Congreso de la Unión, la reforma a los artículos 14 y 22 de la Carta Magna, para que de nueva cuenta se implante en México la pena de muerte.
El 75% de los mexicanos acepta que, todos aquellos secuestradores que mutilen o asesinen a sus víctimas sean sentenciados a morir; y ese 75% de compatriotas, para cualquier partido político que quiera ganar las elecciones federales de 2009 es un platillo exquisito que hay que degustar demagógicamente. Es decir, prometiendo en la etapa electoral que se va a legislar en esa materia, pero que, una vez ganadas las elecciones, se olvidarán de llevarlo a discusión y aprobación en la Cámara de Diputados.
De allí el oportunismo del gobernador Humberto Moreira de imponerle a la mayoría priísta que tiene en el Congreso Local de Coahuila, la misión de convertirse en promotor de una iniciativa de ley que enviarán el próximo 15 al Congreso de la Unión, para que se abra un debate nacional sobre la viabilidad de tasar de nueva cuenta la pena de muerte en nuestra Constitución, y por eso también las inmediatas reacciones a favor de toda la nomenclatura priísta que ve en esta acción, el medio para conquistar más del 40% de los votos en las elecciones de julio del año próximo, y ganar la mayoría absoluta de la cámara baja.
¡Vaya, hasta el diputado Adolfo Mota se atrevió hablar a favor de la discusión nacional!, aunque mañosamente y por eso de sus aspiraciones a la candidatura de su partido a la gubernatura, nada dijo si esta a favor o en contra de ella. No sea que en el 2010 le resulte contraproducente haberse pronunciado en contra, como seguramente lo harán los priístas, al lado de panistas si esa iniciativa llega a votarse en el Congreso.
¿Usted cree estimado lector, que si no hubiera elecciones, estos políticos oportunistas estarían discutiendo la conveniencia de implantar la pena de muerte en México?
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